El legado del Sistema de Partido hegemónico es una democracia incompleta: abierta a la competencia entre partidos, pero cerrada a la participación de la gente al margen de estos institutos ungidos como los supremos representantes de la voluntad popular.
Las reformas electorales que se han dado en el país han sido hechas por los partidos y para los partidos. Su interés fue promover espacios de representación proporcional y generar las condiciones que dieran confianza en los resultados electorales y equidad en la contienda. Fue un pacto para repartirse los espacios de manera civilizada y formalmente democrática. Aunque en el fondo el dinero y los acuerdos entre las elites que controlan y apoyan a estos partidos, y sus líderes, sean los factores determinantes para acceder a los puestos de elección popular.
Las ofertas políticas y resultados de gobierno han provocan cada vez más desilusión, desinterés y apatía, en participar institucionalmente en la vida pública del país.
Los partidos y las elecciones no son relevantes para millones de ciudadanos.
Millones de Mexicanos, cerca del 40 por ciento, no votan de manera sistemática. Comparten interés y preocupación en resolver los problemas que vivimos y están dispuestos a participar en la solución de ellos, pero no confían en los partidos, sus líderes, propuestas y, mucho menos, en los gobernantes.
La democracia representativa no está funcionando. No genera resultados. Cada día es menos democrática y representativa.
Lo que importa en ella son las victorias electorales, no construir un mejor país.
La ciudadanía, las personas y los aspectos más trascendentales para la vida no son relevantes. Relevantes son los votos, los partidos y sus candidatos.
A pesar de lo evidente que resulta la necesidad de cambiar nuestro sistema, existe casi unanimidad en que no tenemos otra opción más que abstenernos o participar, respaldar o darle la espalda a las decisiones públicas; legitimar, o no, la democracia representativa, y, con ello, toda la dinámica de gobierno que genera.
Casi todo mundo cree que nuestro papel como ciudadanos debe estar limitado a la participación o abstención electoral.
Por eso no avanzamos, seguimos estancados.
Por más cambios de partido, de líderes, o de candidatos que hagamos todo va a seguir igual.
La fórmula que aplicamos para gobernarnos está mal y debemos corregirla.
Debemos constituir a la sociedad civil en un poder real.
Debemos darle un cauce legal a los ciudadanos para ejercer el poder sin intermediarios y desafiar de manera democrática las decisiones de nuestros representantes.
Por el bien de México, debemos ser capaces de instituirnos en un contrapeso al poder ejecutivo y legislativo en el ámbito federal, estatal y municipal, cuando sus acciones u omisiones vayan en contra del bien común y la voluntad general.
Debemos llevar la soberanía popular al punto de tener, permanentemente, la posibilidad de destituir a cualquier representante que hay dejado de ser confiable.
Debemos tener un camino para confrontar nuestras ideas con las de aquellos que elegimos para tomarlas. Que expliquen, argumenten y convenzan sobre las razones por las que sus acciones son las mejores posibles y en caso que no sea así podamos cambiarlas.
Debemos empoderar a la sociedad civil. Hacer soberana a la ciudadanía. Darle poder a la gente con mecanismos de participación ciudadana con los cuales los ciudadanos podamos echar atrás leyes y actos de gobierno, promover políticas y leyes que resuelvan las inequidades e injusticias en distintos ámbitos de nuestra vida, y destituir a los representantes que han dejado de ser confiables.
Por ello en todo el país debemos coordinarnos para lograr que los congresos locales aprueben una ley de participación ciudadana que incluya las figuras de Referéndum, Plebiscito, Iniciativa Popular y Revocación de Mandato.
La idea central es que a través de esa legislación logremos: promover la eficiencia de los actores políticos como candidatos y, sobretodo, como gobernantes. Poner frente a la opinión pública temas que la agenda de los partidos no incluye y son relevantes para sectores de la población. Y generar una nueva cultura política basada en la idea que la solución de los problemas nos compete a todos y responsabilizar de ello únicamente a los políticos y sus partidos es irresponsables.
Promover la insurgencia participativa de la sociedad a través del cauce legal e institucional, es un hecho impostergable.
Porque con estas leyes vamos a enriquecer nuestra democracia porque los ciudadanos vamos a tener más alternativas para mejorar nuestro país.
Porque vamos a poder desafiar las decisiones de nuestros representantes y someterlas a consideración de la voluntad general.
Porque si las propuestas desafiantes son más votadas que la autoridad desafiada, al momento de ser elegida como tal, serán impuesta por la sociedad a su representante -ayuntamiento, gobierno o legislatura local o federal-, porque la ciudadanía encontró mayores argumentos para respaldarla que los esgrimidos por la autoridad para no hacerlo. De tal modo, si un presidente municipal fue electo con 10% del padrón electoral y la ciudadanía lo desafía, necesariamente, requerirá un porcentaje mayor a este 10%, que legitima sus decisiones, para imponer su desafío.
Por ello, para los candidatos a cualquier puesto de elección popular será muy importante no sólo ganar las elecciones sino generar participación electoral y mantener su llamado bono democrático bien valuado.
Si la sociedad impone una decisión a sus representantes es porque su propuesta logró convocar a las urnas a más gente que la que votó por el representante impugnado cuando fue elegido, o en su caso, estos han perdido respaldo por sus logros de gobierno o legislación, o también porque sus argumentos para defenderse del desafío ciudadano son pobres y sin sustento.
Así pues, con el referéndum se podrán revertir o vetar las decisiones del ayuntamiento, la legislatura y el gobierno estatal y federal, que se contraponen a la voluntad general.
El plebiscito por su parte es la vía legal que la ciudadanía tendrá para iniciar o modificar políticas públicas y actos de gobierno que no han sido incluidos en la agenda del ejecutivo en sus tres ámbitos (municipal, estatal y federal). Por ejemplo, hacer obligatorio para los gobiernos municipales separar la basura y reciclar los desechos susceptibles a ello.
La iniciativa popular, en contraparte, faculta para hacer lo propio pero en materia legislativa y obligar a los legisladores, o miembros del ayuntamiento, según sea el caso, a votar las propuestas ciudadanas de crear o reformar en algún sentido normas generales.
Y la Revocación de Mandato, es el mecanismo legal para destituir a los representantes populares que han dejado de ser confiables , y al igual que el resto de los mecanismos de democracia directa, sólo se hará valido si más gente vota para removerlo que la que votó a favor de elegirlo en el cargo que desempeña.
Con estos cuatro mecanismos se generará una nueva dinámica de gobierno que dará mayor poder a la ciudadanía, pues de manera permanente podrá llamar a rendición de cuentas a sus representantes no sólo para explicar sus acciones sino sus omisiones y resultados.
Con estos cuatro mecanismos se constituirá formalmente un contrapeso ciudadano y se revalorará la importancia de la participación ciudadana en los procesos electorales pues las abstenciones tendrán un peso especifico a lo largo de la gestión de los representantes. Mientras menos votos obtenga un representante popular más probable será que desafíen sus actos de gobierno y acciones legislativas. Por el contrario, autoridades masivamente votadas serán desafiadas con menor probabilidad.
De tal suerte que quien aspire a representarnos tendrá que ser eficiente en comunicar su proyecto legislativo o de gobierno, no solo en su campaña electoral sino también en su gestión.
No votar en un proceso electoral se convertirá en una acción estratégica para mantener a raya a los representantes populares y no sólo en una expresión inútil de descontento e indiferencia.
En cada desafío a las acciones u omisiones de los representantes populares, independientemente de los resultados, se generará una opinión pública mejor informada sobre los asuntos que para algún sector de la población resultan relevantes. Las autoridades desafiadas tendrán que defender sus posturas, argumentar y convencer, sobre la pertinencia de su rumbo de acción, al igual que los ciudadanos desafiantes. Al final del día, ambas partes, y la sociedad en su conjunto, entenderán mejor la complejidad de los asuntos públicos tratados y se llegará, a través de la expresión de la voluntad general, a una política pública legitimada.
Esta debe ser la base de la sociedad mexicana en esta década que inicia, la base para un sistema político moderno y plenamente democrático. Contar con legislación estatal y federal en este sentido es la razón de ser de la insurgencia Participativa y el punto de partida para abordar uno a uno los rezagos que tenemos en materia ambiental, económica, política, educativa, deportiva y cultural.
Tenemos 10 meses para hacerlo realidad y en caso contrario llegar el 20/10/2010, al Congreso de la Unión a derribar el muro de representatividad que las autoridades han construido entre la ciudadanía y el gobierno.
Saludos Insurgentes, Roberto C. Estrada Martínez .
